El Gobierno Duque entregó viviendas en el archipiélago tras el huracán Iota, pero estas ya presentan graves fallas estructurales. La UNGRD evalúa los daños y exige recursos para garantizar la seguridad de los habitantes.
A cinco días de que un vendaval azotara la isla de San Andrés, continúan las denuncias sobre las fallas estructurales de las casas entregadas por el Gobierno de Iván Duque tras el devastador paso del huracán Iota en 2020. Estas viviendas, construidas a un costo promedio de $600 millones, no resistieron vientos de menos de 30 km/h, según advirtió Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
“Si vientos de esta magnitud causaron desprendimientos de cubiertas y daños estructurales, ¿qué pasará con un huracán de más de 120 km/h?”, cuestionó Pava en una publicación en Facebook que incluyó imágenes de las afectaciones.
Evaluación y preocupación por recursos limitados
La UNGRD inició un peritaje para evaluar el estado de las viviendas en el archipiélago, pero Pava expresó su preocupación por los pocos recursos disponibles para reforzarlas. Según él, garantizar la seguridad de los habitantes requiere no solo voluntad política, sino también un compromiso financiero del Ministerio de Hacienda y de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), que ejecutó parte de las obras.
“Los reclamos del pueblo raizal son legítimos. Urge una intervención integral que asegure que estas viviendas sean habitables y seguras ante futuros fenómenos naturales”, agregó Pava.
La tragedia que no termina
El huracán Iota, registrado el 16 de noviembre de 2020, dejó una devastación casi total en Providencia, con el 98 % de la infraestructura destruida. Aunque el gobierno de Duque aseguró haber completado el 94 % del plan de reconstrucción, los habitantes locales siguen denunciando deficiencias en la calidad de las viviendas y el tamaño limitado de las zonas seguras.
En una entrevista reciente, Pava destacó que las maderas utilizadas en las construcciones ya muestran deterioro y que muchas viviendas no cumplen con los estándares para resistir huracanes. “La tragedia del huracán Iota dejó profundas cicatrices que aún no sanan. Estas deficiencias solo agravan la situación de una comunidad que ha sido históricamente vulnerable”, afirmó.
El impacto de la negligencia
La situación en San Andrés y Providencia ha vuelto a poner en evidencia la necesidad de una planeación más rigurosa y sostenida en la atención de desastres naturales. La UNGRD, junto con otras entidades del gobierno actual, enfrenta el reto de corregir las fallas en el plan de reconstrucción, asegurando que las viviendas sean un refugio seguro y no un riesgo para sus habitantes.
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