El expresidente deberá permanecer detenido mientras se espera una decisión final sobre si debe defenderse privado de la libertad o no.
Lo que en su momento parecía un retorno a la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que su caso fuese reasignado a la Fiscalía General de la Nación, hoy se diluye y se aleja momentáneamente tras la decisión, tomada hace pocos minutos, de mantenerlo detenido al tiempo; por otro lado, la valoración final sobre su defensa en libertad podría quedar en manos de la instancia judicial que llevaba el caso al inicio: la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Así lo determinó la juez 30 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, que en horas de la mañana determinó que el proceso que se mantiene contra el exmandatario por presunta manipulación de testigos y soborno si permanecerá bajo las condiciones de la ley 906 de 2004, lo que significa que el caso permanecerá en la Fiscalía como ente encargado del Sistema Penal Acusatorio, sin embargo, la decisión de liberarlo fue descartada y puesta a consideración por una instancia ajena en la que se encuentra.
“La posición de la funcionaria judicial es concordante con aquella esgrimida por la Fiscalía, de la representante del Ministerio Público y de los abogados defensores del doctor Álvaro Uribe Vélez, en torno a que la actuación debe continuar ahora bajo la ley 906 de 2004, perspectiva desde la cual, claramente ostentaría competencia para resolver cualquier solicitud diferente”, explicó la juez, dando razón a la defensa de Uribe.
No obstante, respecto a la solicitud de libertad tan ansiada por el detenido y gran número de seguidores quedó aplazada, confirmando que el tiempo de detención del exmandatario será más extenso de lo que este esperaba. Al tiempo, la juez generó gran polémica al elevar una consulta directamente a la Sala Plena de la CSJ, con la intención de que sea el alto tribunal quien determine si ella es competente o no para determinar si el investigado debe salir libre o no.
La togada explicó que en el caso existe un conflicto de competencias debido al traslado del caso y las distintas instancias judiciales, por lo que tomó la decisión de que las dudas sean resueltas por un superior jerárquico, explicando: “Con todo no puede desconocerse que en ningún trámite procesal se admite que existiendo controversia entre las partes y el juez, sobre la posición o un aspecto relativo sobre la competencia sea el funcionario judicial quien resuelva de manera definitiva”.
