Los argumentos expuestos por varios de los parlamentarios que apoyaron la consulta es que esta logró superar el umbral de los 400.000 votos.
Pese a que la Consulta Anticorrupción, liderada por la hoy alcaldesa de Bogotá Claudia López, no prosperó por muy pocos votos, la esperanza de varios senadores y representantes a la Cámara que apoyaron la iniciativa es hacer cumplir con lo expuesto por la vía legal, ya que, según advierten sus defensores, la propuesta fue avalada por el pueblo colombiano en las urnas superando un umbral de votos considerable.
Entre los congresistas que se han unido para adelantar una acción de tutela se encuentran la senadora Angélica Lozano, el senador Iván Cepeda y la representante a la Cámara, Ángela María Robledo; los parlamentarios integran un grupo que busca revisar el proceso democrático que se llevó a cabo el 26 de agosto del 2018, ya que existe información sobre cómo el conteo de votos no fue exacto.
La propuesta nace en base a una denuncia que se realizó durante el pasado debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, donde se advirtió de cómo presuntamente el Censo Electoral no se hizo de manera depurada y minuciosa como suele hacerse en cualquier elección, lo que pudo haber generado un conteo menor al requerido para que la consulta fuera aprobada.
“En mi debate probé que el censo electoral ha estado seriamente distorsionado por millones de cédulas que no deberían estar incluidas. El Registrador, Alexander Vega, reconoció en el Senado esa realidad. Ese hecho indiscutible tuvo como una de sus consecuencias alterar los resultados de la consulta popular contra la corrupción, que a nuestro juicio superó por más de 400.000 votos el umbral requerido. La ciudadanía triunfó y ahora esperamos que la justicia lo valide para que se termine de legislar y cumplir los siete mandatos” advirtió el senador Cepeda.
La tutela fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde los senadores de distintas bancadas que acompañan el proceso esperan conseguir un fallo favorable que ordene al Consejo Nacional Electoral que se reconozca las fallas existentes en el conteo de votos y que en consecuencia derive en la aprobación de los siete mandatos que conformaron la Consulta Anticorrupción.