Haber asistido de manera presencial al Congreso resultó generando varios problemas para los miembros de la oposición que tomaron esta determinación. Una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia y una investigación abierta por parte de la Comisión de Ética de la Cámara, fueron las acciones que recayeron sobre los representantes María José Pizarro, David Racero, Katherine Miranda, Inti Asprilla y León Fredy Muñoz.
En vista de lo anterior, los miembros de la oposición afectados no se quedaron quietos y decidieron responder a fuego con fuego: iniciaron acciones judiciales tanto contra el representantes del Centro Democrático Edwin Ballesteros por la apertura de investigación dentro del Comité de Ética, como contra el abogado uribista Abelardo de la Espriella por su denuncia ante la Corte Suprema.
Respecto a la denuncia de De la Espriella, los congresistas la calificaron como “temeraria”, y aseguraron que no tiene soporte alguno para interponerse, lo cual les da motivo para iniciar la acción judicial en modo de contraataque.
“La denuncia temeraria interpuesta a través de la oficina del abogado Abelardo de la Espriella, con relación a la presunta violación del sistema sanitario, carece de todo soporte jurídico. El decreto 491 establece cuándo el Congreso podrá acudir presencialmente. Una de estas es que si no se puede ejercer control político de manera virtual, deberá hacerlo presencialmente”, explicó el abogado de los congresistas, Miguel Ángel del Río.
A todo esto se le suma que el abogado De la Espriella será también denunciado por el delito de injuria, pues al momento de referirse a los congresistas involucrados en la polémica, los trató como “bandoleros”, señalandolos de ingresar al capitolio sin motivación alguna. De igual forma al abogado Hollman Ibáñez, perteneciente a la firma de De la Espriella, será accionado por el delito de falsa denuncia.
En cuanto al Comité de Ética, los afectados señalaron que todas estas acciones en su contra vienen con impulso del Gobierno Nacional para evitar el control político, por tal motivo accionarán contra el también uribista Edwin Ballesteros.
“El sustento fundamental para iniciar esta andanada jurídica en contra de los representantes se ha iniciado desde el Gobierno nacional, con la finalidad de evitar el control político. El ataque se hace directamente para disminuir las facultades del Congreso. Por tal razón, se recusará al representante Edwin Ballesteros, con ocasión de su posición como presidente del Comité Ético, porque se encuentra impedido, ya que no puede ser juez y parte, entendiendo que él mismo radicó una propuesta para declarar ilegal la presencia física de los representantes en el recinto”, comentó el representante de los congresistas.
