Pese al rechazo generalizado por parte del Gobierno y del Ejército Nacional hacia las prácticas realizadas por miembros de inteligencia militar contra periodistas, políticos y otros miembros de la Fuerza Pública, las investigaciones del caso se están viendo truncadas debido a las amenazas que estarían recibiendo los investigadores y encargados de aclarar el reciente escándalo de ‘chuzadas’.
Así lo afirman varios oficiales y suboficiales encargados de rastrear e identificar a los uniformados que hicieron parte del espionaje y perfilamiento contra particulares por medio de inteligencia militar. Según el equipo investigador, en los últimos días han recibido varios mensajes intimidatorios a sus teléfonos celulares, en donde les hacen saber que tienen información referente a su lugar de residencia, de trabajo, el tipo de vehículo en el que se movilizan e incluso información personal de sus parejas sentimentales.
Según información revelada por El Espectador, investigadores de la Dijin adscritos al despacho de la polémica magistrada Cristina Lombana serían los oficiales que están siendo perseguidos e intimidados mientras llevan a cabo la recolección de pruebas del expediente 44497, el cual se centra en cómo el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez sería el principal beneficiario de las interceptaciones ilegales.
“Amigos, buenos días. Quisiera expresarles mis sinceras felicitaciones por su trabajo, son los mejores que he conocido. En tan poco tiempo descubrir tantas cosas realizadas. Quisiéramos expresarles que disfruten de sus trabajos y familias apartándose de lo que hacen en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Están hurgando donde no tienen que hacerlo”, advierte la amenaza en contra de los investigadores.
Cabe resaltar que los investigadores amenazados fueron los encargados de liderar el allanamiento a las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia, acción ordenada por la Corte Suprema de Justicia que se llevó a cabo el 18 de diciembre del año pasado. En aquel allanamiento, los miembros de la Dijin junto a otros uniformados dieron con los miles de archivos, los cuales están siendo hoy verificados y analizados debido a la gravedad de la evidencia respecto al espionaje ilegal.
“Nada tienen que buscar en la Inspección General de las Fuerzas (Armadas), todo está organizado y esos celulares (decomisados en el allanamiento de diciembre) no se podrán desbloquear. No busquen nada en el Comando del Ejército, suficiente con hacerse públicos con el allanamiento y que los medios los conozcan. Disfruten de sus vidas, de esos mellizos, de esa familia. Su esposa es muy buena estudiante de contabilidad, disfrute de su vehículo Renault Simbol (sic), de su hija y de su esposa expolicía”, fue otra de las amenazas que le hicieron llegar a uno de los investigadores.
