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Gobierno no ha entregado el 93% de las viviendas prometidas a los campesinos del país

La Procuraduría General advirtió que hasta el momento el Gobierno le ha incumplido al 93% de los beneficiados por las políticas de vivienda rural, lo cual ha causado notables dificultades durante los últimos meses de crisis sanitaria y confinamiento social.

Según advirtió la Procuraduría General de la Nación a través de un comunicado, el cumplimiento de la política de vivienda rural y otros fallos que protegen a los campesinos que han sido víctimas del desplazamiento forzado y el despojo de tierras, se ha quedado corto durante este gobierno, pues hasta el momento al 93% de estos se les ha incumplido.

“La Procuraduría General de la Nación llamó la atención de Fiduagraria, el Banco Agrario y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre los bajos índices de cumplimiento de la política de vivienda rural, y en especial de los fallos de jueces de restitución, que en 19.455 casos han ordenado proteger y cobijar con ese beneficio a familias de campesinos víctimas de abandono y/o despojo de tierras”, advierte el comunicado.

De las 1.489 órdenes de vivienda priorizadas entre el 2018 y 2019 existe retraso en el cumplimiento de 1,392 peticiones, motivo por el que el ente de control ha pedido explicaciones al Ministerio de Agricultura, Fiduagraria y al Banco Agrario, advirtiendo que no de producirse un cambio en cómo se ha manejado esta política habrá un aumento en la ruptura del tejido social y existirán fuertes consecuencias generadas en la actual pandemia.

“La Procuraduría hizo un llamado al Gobierno nacional a realizar los ajustes institucionales necesarios, para que la política de vivienda rural destinada a las víctimas de despojo y abandono de tierras, se adecúe a los propósitos de la reparación integral, de manera articulada con las entidades con competencia en este tema, de manera que las familias campesinas tengan garantías para retornar y permanecer en los territorios de los que fueron desplazados, como lo advirtió la Corte Constitucional en la sentencia C-588/19”, advierte la Procuraduría en el comunicado.