La excandidata presidencial, quien estuvo secuestrada durante varios años, recibirá una compensación económica por parte de sus captores que hoy se encuentran en libertad.
El caso de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt sigue dando de qué hablar, pues, luego de manifestar su deseo por demandar al estado colombiano por lo que le ocurrió aquellos años, según el fallo de Matthew W. Brann, juez principal del Tribunal de Distrito Medio de Pensilvania, Estados Unidos, la guerrilla de las Farc al ser los responsables directos son los que tendrán que indemnizar por daños a la excandidata.
Recordemos que Betacourt estuvo raptada por el grupo guerrillero entre los años de 2002 hasta el 2008, y pese a que la demanda inicial era por 12 millones de dólares, la decisión final terminó indicando que el pago deberá ser por el triple de ese valor y que los demandados también se deberán hacer cargo de los honorarios los abogados, que serán determinados por el mismo tribunal en las próximas 2 semanas.
Un detalle importante que advierte el texto es que se obliga al desembolso del dinero mediante “fallo de rebeldía” en conjunto a las Farc y a varias de sus integrantes señalados por el secuestro, cuyos nombres y alias fueron relacionados y publicados en el documento por parte de las autoridades estadounidenses y posteriormente compartido por la Revista Semana.
A continuación, los condenados a pagar la indemnización a Ingrid Betancourt:
Fuerzas Revolucionarias de Colombia (Farc)
Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’
Henry Castellanos Garzón, alias ‘Romaña’
Helí Mejía Mendoza, alias ‘Martín Sombra’
Noe Suárez Rojas, alias ‘Grannobles’
Jorge Enrique Rodríguez Mendieta, alias “Iván Vargas”
Yarlei Banol Ramos, alias ‘Diana’
Josué Cuesta León, alias ‘Viejo’
Nayibe Rojas Valderama, alias ‘Sonia’
José Antonio Celis, alias ‘Calvo’
Juan Diego Giraldo, alias ‘Flaco’
José Fernando Romero Mejía, alias ‘Morocho’
Martín Cuervo
Wálter Tapiero, alias ‘Romel’
Es importante tener en cuenta que la competencia del juez norteamericano tiene que ver con que la justicia de ese país, la cual le permite que las víctimas de terrorismo acudan a ella con sus diferentes demandas.