Ante la polémica por la supuesta corrupción alrededor de los recursos para la Paz, el funcionario se vio involucrado en un caso de corrupción por supuestos ‘peajes’ para aprobar entrega de dineros.
Por decisión de la Fiscalía General de la Nación, el exconsejero Presidencial de Estabilización y Consolidación, Emilio José Archilla, fue citado para este viernes 8 de julio para que entregue toda la información que tenga a propósito del escándalo de corrupción sobre el manejo de los dineros para los proyectos financiados con recursos del Acuerdo de Paz y que en teoría deben ser usados para beneficiar a los territorios a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, algo de lo que recientemente se supo que no estaba pasando y que mucho de ese dinero ha sido desfalcado.
El ente investigador aseguró que Archilla también deberá pronunciarse sobre la denuncia que formuló contra un subalterno suyo sobre las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos para la paz. La Fiscalía aseguró que son varias las denuncias que existen sobre cómo este fenómeno de ‘cobro de peajes’ para aprobar proyectos se estuvo repitiendo durante los últimos años.
“Sobre estas noticias se vienen realizando acciones de policía judicial y de recolección de material probatorio, evidenciando dificultades porque ninguna persona ha dado testimonio directo sobre las presuntas irregularidades”, declaró la Fiscalía por medio de un comunicado oficial, señalando a Archilla como presunto responsable.
Ante las acusaciones en su contra, el funcionario desmintió algún comportamiento poco ético de su parte y respondió: “Durante todo mi ejercicio invité públicamente por muchos medios, a denunciar cualquier acto de corrupción o cualquier irregularidad en los procesos para asegurar principios claros y transparentes”.
Por último agregó: “Desde por lo menos el primer trimestre del 2021 denuncié, reiteradamente, para que se iniciarán las investigaciones que corresponden por parte de la Fiscalía General, la Procuraduría y también la Contraloría, la Consejería Transparencia y al Departamento Nacional de Planeación, hechos cuyo conocimiento tuve por sendas de comunicaciones que recibí”.
