La situación que viven cientos de exguerrilleros de las Farc sigue siendo preocupante, hasta el punto de tener que salir de las zonas a las que fueron asignados por el gobierno.
La implementación de los Acuerdos de Paz sigue siendo uno de los temas más complejos para el actual Gobierno, pues, aunque es bien sabido que el partido de Gobierno estuvo siempre en oposición a lo pactado en la Habana, miles de colombianos siguen esperando una aplicación de los acuerdos para mejorar sus condiciones de vida y seguridad, entre ellos los propios guerrilleros desmovilizados.
Es por ello que, mediante un acuerdo concertado entre el gobierno del presidente Iván Duque y el partido político Farc, se habilitó el traslado de 93 personas entre las que se encuentran excombatientes y miembros de sus familias, quienes saldrán del espacio territorial conocido como Santa Lucía en Ituango, Antioquia y que se desplazaron al sur del Urabá antioqueño.
El mismo acuerdo afirma que el Gobierno comprará un total de 137 hectáreas en la zona, los cuales son ocupados actualmente por los exguerrilleros, lo que permitirá a todas las familias que llegaron desplazadas asentarse definitivamente sin las amenazas con las que lidiaron en los últimos meses, aunque teniendo que abandonar un espacio en el que adelantaron varios proyectos de reinserción como granjas agrícolas, tiendas comunitarias y demás.
Parte de las razones que influenciaron a las familias de los exguerrilleros de salir de Ituango fue la muerte de varios de los desmovilizados, que comenzaron con el excombatiente Juan Fernando Amaya Valencia, quien fue asesinado el 12 de julio de 2017, a pocos días de que la guerrilla había hecho entrega oficial de las armas. Sumado a Amaya Valencia, los ataques continuaron en ese municipio, donde otros 3 guerrilleros fueron asesinados y con lo que comenzó un hostigamiento más severo contra las familias del lugar.
“Nosotros hemos perdido demasiado en este proceso; en tres años de resistencia perdimos la esperanza de los proyectos no solo productivos sino de vida, familiares, sociales y políticos en el municipio. Nos embarga un sentimiento de tristeza al vernos obligados a dejar el espacio, a dejar el trabajo que habíamos invertido acá, recursos que habíamos invertido en los proyectos productivos, dejar parte de la base social con la que crecimos, con la que estudiamos, con la que trabajamos y con la que estuvimos en armas”, comentó uno de los desmovilizados.
Para mayor información al respecto, vea la fuente en El Espectador.
