Varias ONG han denunciado cómo las modificaciones al nuevo decreto policial hace que se impida la revisión de los procedimientos por parte de defensores de derechos humanos.
Luego del registro de varias actuaciones por parte de miembros de la Policía Nacional en el que hacían un uso desmedido de la fuerza, varias organizaciones nacionales impulsaron una tutela que consiguió un fallo favorable para lograr modificar los decretos con los que los uniformados debían regirse al momento de intervenir cualquier tipo de protesta.
No obstante, pese al fallo a favor, se conoció el nuevo decreto presentado, el cual, según advierten las organizaciones ciudadanas, en vez de fortalecer los derechos ciudadanos ante la intervención de agentes del Estado, ha terminado por representar un grado de inseguridad mayor para quienes salgan a protestar ante la imposibilidad de poder hacer una veeduría a los uniformados.
Así lo señalan siete organizaciones defensoras de derechos humanos que se manifestaron sobre el decreto presentado, señalando cinco observaciones al decreto 003 de 2021 que fue expedido por el Ministerio del Interior ante la tutela y la presión social hecha por la ciudadanía. Documento con el que se esperaba regular los procedimientos de la Fuerza Pública pero que al parecer estarían dejando aún más vacíos legales sobre los límites de los uniformados.
De los cinco puntos mencionados por las ONG, una de las preocupaciones más grandes radica en la no limitación de los procesos de traslado y captura de participantes de las protestas, al igual que la no inclusión de la propuesta que presentaron con la que se esperaba que defensores de derechos humanos pudieran estar presentes en las marchas y verificar los procedimientos de los agentes estatales, al igual que asesoría a las personas capturadas.
Es importante que conozcan sus derechos, que sepan cuánto tiempo máximo tienen las autoridades para plantear un cargo por ejemplo y pues también comunicación con sus familias, saber dónde están, máximo cuando hay unas garantías constitucionales a las que deberían ceñirse este tipo de traslados (…) En las protestas de finales de 2019 y el año pasado, había policías con militares juntos y eso rompe el orden institucional, si no hay un estado excepcional que justifique ese tipo de acción pues estamos ante un desorden claro”, denunció Julián González, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas.
