La Sala Civil del alto tribunal dio 14 órdenes para garantizar la protesta pacífica en Colombia.
Históricamente, la Corte no había hecho pronunciamiento alguno respecto a los hechos de abuso de autoridad policial durante las jornadas de protestas; sin embargo, 49 ciudadanos presentaron una tutela soportada con videos y testimonios de personas víctimas de brutalidad por parte de la Fuerza Pública en medio de manifestaciones pacíficas, incluyendo, el caso de Dilan Cruz, el joven que murió tras ser alcanzado por un proyectil del ESMAD.
En el fallo histórico que se dio a favor de los ciudadanos por dos votos de diferencia, la Corte justificó que hay una “violación sistemática” del derecho a la protesta y, al parecer, se ha utilizado a la Policía para “justificar detenciones ilegales arbitrarias”; por lo tanto, esto ha generado desconfianza y temor por parte de la población.
“Se hallan acreditados los cargos de los tutelantes, según los cuales existió –y puede seguir existiendo– una reiterada y constante agresión, desproporcionada de la Fuerza Pública respecto de quienes, de manera pacífica, se manifestaron”, aseguró la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia respecto a las protestas desarrolladas en 2019.
En este orden de ideas, el Gobierno y la Fuerza Pública deberán evitar caer en conductas que obstaculicen el derecho a la protesta pacífica; de igual forma, el fallo, con las 14 órdenes dictadas por el alto tribunal, deberá publicarse en la página web de la Presidencia de la República, los ministerios y la Policía.
Dentro de las medidas establecidas, también se estipuló que el Ministerio de Defensa, bajo la responsabilidad de Carlos Holmes Trujillo, tiene un plazo de 48 horas para disculparse por los actos de brutalidad policial.
Por otra parte, aunque el ESMAD continuará presente en “situaciones extremas”, será la Defensoría la encargada de controlar sus acciones. Asimismo, se determinó que el Escuadrón Móvil Antidisturbios no podrá utilizar las escopetas calibre 12 (arma que ocasionó la muerte de Dilan Cruz) hasta corroborar que hay garantías de un uso responsable.
Entre otras medidas, el Gobierno deberá crear un “Estatuto de Reacción Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana”. Y además, los agentes deberán actuar bajo el ideal de proteger a los civiles y lograr el restablecimiento del orden, no bajo la idea de “derrotar al enemigo”.
