El alto tribunal estudiará las decisiones tomadas por el mandatario colombiano, a quienes muchos consideran como culpable por la violencia que se ha vivido en las últimas semanas.
Como máximo comandante de las fuerzas militares, el presidente de la República Iván Duque tiene como obligación constitucional la protección de la vida de todos los colombianos, algo que no se ha cumplido en los últimos días en el marco de las movilizaciones sociales de protestas a su gobierno.
Uno de los puntos claves fue la jornada del día del pasado domingo en la ciudad de Cali, donde varios indígenas fueron afectados por la violencia a mano de civiles armados, siendo el presidente Duque uno de los responsables al no tomarse acciones efectivas sobre lo ocurrido, algo que puede tener implicaciones ante la justicia internacional.
Varios politicos y medios independientes de Colombia apuntan a la relevancia que tiene lo ocurrido en contra de la Minga Indigena, pues el ataque va más allá de un simple hecho violento dentro de una manifestación debido a los derechos que atañen a ese tipo de comunidades y que teoríacamente implican una violación por parte del presidente Duque al Estatuto de Roma que tiene jurisdicción en la Corte Penal Internacional.
Ante lo ocurrido, muchos opositores al actual gobierno esperan una acción por parte del alto tribunal y el apoyo de la comunidad internacional para que se tomen acciones ante lo ocurrido y se pueda detener la violencia que persiste en todo el territorio colombiano.
Sin embargo, para que un juicio de esas características pueda ser llevado a cabo, el Estado colombiano tendría que demostrar una incapacidad o falta de voluntad por parte del mandatario para poder ejercer algún tipo de sanción, aunque muchos periodistas y analistas en redes sociales consideran que no existen elementos suficientes para que pueda llegar a a esa conclusión.
