Ante la necesidad de poder legislar en tiempos de pandemia, los congresistas determinaron incursionar en la comunicación digital, sin embargo, los pagos del servicio no se estarían efectuando como se había previsto.
Arrancando el periodo legislativo, que debido a las circunstancias que se dieron por el Covid-19 tuvo que arrancar por medio de herramientas digitales, el Congreso de la República se inclinó por la opción de realizar las plenarias por medio de videollamadas en la plataforma digital Zoom, la cual debido a las características que implica una transmisión de ese tipo, debe pagar una subscripción mensual para que puedan darse con la mayor eficiencia posible.
Sin embargo, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, tuvo que hacer un llamado de atención a los parlamentarios, ya que al parecer los costos de la suscripción de Zoom habían sido acordados de ser pagados entre todos los participantes y que según García varios congresistas estarían incumpliendo en el pago.
García Turbay afirmó que hasta el momento, tan solo 66 senadores han realizado el aporte acordado para el pago de ‘Zoom’, dejando un número de 43 senadores que al igual que sus compañeros se comprometieron a aportar parte del costo del servicio, pero que hasta la fecha aún no habían hecho un solo pago.
“De verdad, les quiero pedir el favor. Quien no haya autorizado porque se le ha olvidado o porque de pronto no ha habido la forma, Dios permita que lo pueda hacer en esta misma semana, entre hoy y mañana (viernes) El senador que dijo que no aceptaba, pues yo asumiré eso. Me tocará, porque no puedo dejar metida a la doctora Astrid (Salamanca, directora administrativa del Senado), ni a la mesa directiva”, comentó García Turbay.
Cabe aclarar que aunque Zoom es una plataforma de uso gratuito, también ofrece varios servicios pagos para la realización de videollamadas más extensas, con más moderadores y personas que puedan acceder a las transmisiones, por lo que lo más probable es que el Congreso haya optado por la opción del ‘Zoom enterprise plus’ y que en costos significan cerca de 2 dólares por parlamentario.
