Uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia es sin lugar a dudas las ejecuciones extrajudiciales, conocidas con el nombre de ‘falsos positivos’; escándalo que se conoció durante el segundo mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y que desde entonces se ha venido destapando y entregando detalles sobre la forma en que operaron varios uniformados en aquel entonces.
La gravedad del crimen ha sido tal que a lo largo de los años las autoridades han llevado a que se realicen un total de 2.260 investigaciones penales contra los uniformados, ya sea quienes directa o indirectamente hayan ordenando acciones que terminaron en el asesinato de civiles, para luego hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate.
De esa manera, la Fiscalía General de la Nación acaba de entregar cifras referentes a los procesos que se han venido realizando durante estos años en la Corte Penal Internacional, quienes tendrán la tarea de revisar y analizar distintos aspectos a tener en consideración sobre la situación del país respecto al tratamiento de las investigaciones contra los uniformados.
Cabe mencionar que en 2019, la Fiscalía realizó el mismo reporte, afirmando que hasta ese momento existían un total de 2.268 casos activos, en los cuales se estudia el caso de 3.876 víctimas del atroz crimen.
Según el ente investigador, en los procesos judiciales reportados estarían involucrados por lo menos 25 brigadas del Ejército Nacional, número alarmante.
La información global sobre el número de investigados por dichas ejecuciones extrajudiciales son hasta la fecha de 10.742 personas involucradas, que a su vez an terminado en 1.740 personas condenadas, teniendo en cuenta que tan solo el año pasado 31 militares fueron judicializados.
Respecto al panorama nacional, el caso de los ‘falsos positivos’ ha sido una constante en la vida política del expresidente y senador Uribe, puesto que hasta el día de hoy políticos, periodistas y parte de la opinión pública insisten en que el exmandatario tiene gran responsabilidad en la realización de los crímenes, basándose en las políticas promovidas en aquel entonces.
No obstante, el líder del Centro Democrático insiste en que aquellos crímenes son ajenos a él, afirmando que durante su gobierno en ningún momento se dieron incentivos a los uniformados por presentar bajas de los grupos guerrilleros. “Nunca, nunca, se ofrecieron recompensas a integrantes de las fuerzas armadas, menos por dar bajas”.
