Interceptaciones telefónicas, controversias legales y denuncias de persecución política marcan este proceso clave para el panorama judicial y político en Colombia.
El juicio contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, acusado de soborno y fraude procesal, tiene fecha de inicio: el próximo 23 de febrero de 2025. Tras años de audiencias preparatorias y debates legales, el caso finalmente llegará a juicio oral, en un proceso que promete ser determinante para el panorama político y judicial del país.
El caso tiene sus raíces en interceptaciones telefónicas realizadas en 2018 por la Corte Suprema de Justicia, como parte de una investigación sobre el “cartel de la toga”. En esas grabaciones, aparecen conversaciones entre Uribe y su abogado, Diego Cadena, quien habría gestionado declaraciones de testigos encarcelados para favorecer al exmandatario. La defensa de Uribe argumenta que dichas pruebas son ilegales, ya que vulneran el secreto profesional entre abogado y cliente, postura respaldada por la Procuraduría.
Legalidad de pruebas, el eje del debate
El procurador Bladimir Cuadro apeló la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien admitió las interceptaciones como evidencia clave en el juicio. Según la Procuraduría, estas grabaciones no debieron incluirse porque fueron obtenidas de forma accidental en una investigación contra otro excongresista, Nilton Córdoba.
Por su parte, la jueza Heredia ha defendido que las interceptaciones fueron ordenadas legalmente por la Corte Suprema y considera que son esenciales para esclarecer los hechos. Además, avaló como testigos a los peritos de la Fiscalía que analizaron las grabaciones, las cuales están en el centro de la controversia.
Implicaciones políticas y judiciales
El expresidente Uribe ha calificado el proceso como una persecución política que busca limitar su capacidad de ejercer oposición. Además, ha solicitado que se investigue la relación entre Deyanira Gómez, expareja de un testigo clave en su contra, y las Farc, lo que añade un componente de complejidad al caso.
El juicio, que se extenderá hasta marzo de 2025, no solo definirá el futuro judicial de Uribe, sino que también sentará un precedente sobre el manejo de pruebas, las garantías procesales y el impacto político de los procesos judiciales en figuras de alto perfil.
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