Mandatarios locales como los del municipio de Palocabildo, o de Guaduas fueron algunos de los beneficiados, tras aceptar cargos por corrupción.
Colombia ha sido testigo de cómo la cuarentena, pese a representar enormes retos y gran compromiso por parte de los mandatarios locales, sirvió que algunos de ellos usaran la actual crisis para buscar de manera inescrupulosa la forma de manipular los recursos destinados para el control de la pandemia para su beneficio personal.
Más grave aún que, pese a haberse conocido, denunciado e incluso procesado a distintos de los alcaldes que incurrieron en ese tipo de delitos, según un reciente artículo publicado por el diario El Tiempo, se advierte sobre cómo varios de esos casos han terminado gozando del beneficio de casa por cárcel, muchas veces argumentando el estado actual de cuarentena como motivo para no aplicar la condena en un centro carcelario.
Casos como el Germán Herrera, alcalde de Guaduas en el departamento de Cundinamarca, o el de Nelson Gómez, alcalde de Palocabildo en el Tolima, son uno de los ejemplos más sonados sobre cómo los mandatarios locales estarían siendo “premiados” con detención domiciliaria pese a los delitos de corrupción cometidos.
Según advierte el diario, detalles como que los funcionarios no cuentan con antecedentes penales y la elevada cifra de casos de Covid-19 en los centros carcelarios, son los argumentos de las autoridades para justificar la detención domiciliaria.
Cabe destacar que las capturas de Herrera y Velásquez, como las de otros alcaldes y demás funcionarios, han sido realizadas en las últimas semanas como resultado de la ‘cruzada’ que viene adelantando en conjunto la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría, como forma de hacer frente a las miles de denuncias que se siguen realizando por malversación de recursos destinados a mitigar los impactos de la cuarentena.
Gran parte de los recursos que estarían yendo a parar a intereses particulares se estarían fraguando por medio de la inflación en los costos que figuran en los contratos firmados recientemente, arrojando que por lo menos el 32% le estarían representando al país un gasto de 1,2 billones de pesos.
