Aunque el escándalo que desató el uso de 3.350 millones de pesos para mejorar la imagen del presidente Iván Duque en redes sociales generó la indignación de todo un país hace varias semanas, muchas personas creyeron que aquel episodio terminaría en la impunidad luego de que la noticia cayera en el olvido por los propios acontecimientos nacionales.
No obstante, desde la Procuraduría General de la Nación no se le ha perdido la pista al caso, y este jueves la entidad afirmó estar presta a realizar una investigación exhaustiva del polémico contrato, pues las irregularidades denunciadas semanas posteriores darían pie para avanzar en un proceso contra los involucrados.
Según la reciente declaración del órgano de control, gracias a la indagación previa que realizó una periodista del portal ‘Función Pública’, se tienen suficientes elementos para explorar a fondo los detalles del contrato con la firma Du Brands, la cual también es conocida por haber sido la encargada de llevar el posicionamiento en redes del presidente Duque durante las elecciones presidenciales de 2018.
La Procuraduría también explicó que ya han escuchado varias declaraciones por parte del Departamento Administrativo, así como del Fondo de Programas Especiales para la Paz y de la misma Presidencia de la República, las cuales permitieron determinar que era necesario pasar de una acción preventiva a una de carácter disciplinaria, lo cual deja ver que la firma del contrato no sería un simple malentendido como se trató de explicar en un comienzo.
Fue el propio procurador general Fernando Carrillo el encargado de hacer el anuncio en la reciente rueda de prensa realizada en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría, la cual se dio con motivo de la campaña ‘Transparencia por la Emergencia’ y que busca investigar el despilfarro o el desvío de recursos en medio de la crisis que se vive a causa del Covid-19.
Carrillo comentó que desde el Ministerio Público se designó a un funcionario especial que estará encargado de adelantar la investigación sobre el polémico contrato, el cual “permita esclarecer y definir responsabilidades sobre la justificación técnica, económica y jurídica para la suscripción del contrato”.
