La comunidad indígena Misak, quien se ocupó de derribar la estatua a modo de protesta y en honor a la memoria histórica de los pueblos nativos masacrados, deberán responder ante la ley.
Más de 52 líderes indígenas del Cauca han sido denunciados por el abogado Hernando Morales Plaza, bajo los cargos de presunto delito de daño en bien ajeno con agravante, debido al derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar, figura histórica de la ciudad pero que sería responsable de la colonización y despojo de tierras a los pueblos nativos.
El abogado demandó al gobernador de la comunidad Misak, Pedro Velasco, al secretario del movimiento de autoridades indígenas, Edgar Alberto Velasco, y otros representantes de los pueblos indígenas que viajaron hasta Cali para hacer presencia en las manifestaciones en contra del Gobierno Nacional.
Los argumentos usados por Morales Plaza para presentar su denuncia se basa en que el monumento estaba protegido como un “elemento de paisaje municipal e hito de preservación fundamental” de la ciudad de Cali, algo que ha sido señalado por algunos políticos y caleños que se han mostrado en contra de los manifestantes y movimientos sociales.
“El actuar de los denunciados es doloso y predeterminado. Aprovecharon la circunstancia del paro para llegar con la gente de su comunidad con el fin de poder hacer el daño a un bien del patrimonio cultural e ícono de la ciudad de Cali”, advierte la denuncia presentada por Morales Plaza y difundida por varios medios locales.
Según comentó Caracol Radio, el delito imputado a los líderes indígenas, en caso de ser aplicado, supondría un apena que va entre los 18 a los 90 meses de prisión, pero que podría aumentar dependiendo de distintos agravantes que sean tenidos en cuenta.
