Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Fiscalía imputará cargos contra Sergio Fajardo y pone en peligro su candidatura

El exalcalde de Medellín deberá responder ante el ente investigador por una serie de irregularidades existentes en la firma de un contrato con una entidad bancaria.

Sergio Fajardo, quien sin lugar a dudas es uno de los nombres más sonados en la carrera hacia el Palacio de Nariño en 2022, podría quedarse afuera de la contienda electoral, todo a causa del anuncio hecho por la Fiscalía General de la Nación de imputar cargos en su contra debido a hechos que relacionan su paso por la Gobernación de Antioquia con irregularidades en la firma de unos contratos, lo que en caso de confirmarse, haría que su candidatura presidencial se hunda sin haber comenzado.

Pese a que la investigación que se abrirá en contra del político paisa solo debería tener implicaciones jurídicas, lo cierto es que la imagen que deja la acusación a tan solo meses de iniciarse en forma el proceso electoral lo deja muy mal parado ante sus votantes, por lo que el caso que lo rodea tendría que aclararse lo antes posible para que sus aspiraciones a la presidencia no desaparezcan.

Respecto a la investigación, la Fiscalía obtuvo una serie de elementos materiales que servirían como prueba a las irregularidades registradas en un contrato de empréstito (préstamo) que fue suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre la Gobernación de Antioquia y el Banco Corpbanca, lo cual sería responsabilidad del mandatario departamental de ese entonces, Sergio Fajardo.

Entre las irregularidades que señala el ente acusador, el exgobernador Fajardo cumplió funciones como ordenador del gasto departamental debido a las obligaciones que supone su cargo, lo que al haber firmado un contrato y un pagaré para garantizar la transacción lo pone como responsable directo.

El análisis hecho por la Fiscalía señala que Fajardo era uno de los responsables de la transacción al igual que le daba una obligación de garante en las decisiones administrativas relacionadas con el contrato y que finalmente representó un desembolso de setenta y siete millones de dólares, con la idea de saldar deudas con otras entidades bancarias.

Debido a su presunta responsabilidad en el movimiento de esos recursos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará al exgobernandor los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.