Un nuevo escándalo de interceptaciones ilegales ha sido atribuído a la Policía Nacional, según asegura la propia Fiscalía.
Mientras aún avanzan las investigaciones en el país, luego de conocerse el escándalo de las ‘chuzadas’ y perfilamientos realizados por miembros del Ejército Nacional hacía defensores de derechos humanos, periodistas y políticos, la mayoría destacados dentro de la oposición, un nuevo caso de interceptaciones ha sido conocido en las últimas horas, dejando muy mal paradas a las instituciones nacionales.
Sin embargo, en este nuevo caso no figuran miembros del Ejército, sino que fue realizado por miembros de la Policía Nacional, quienes habrían interceptado los números del político conservador y exnegociador de paz, Álvaro Leyva, el cual denunció en aquel entonces que sus comunicaciones estarían siendo manipuladas. Además, el caso es más complejo aún, puesto que no solo se trató de una interceptación ilegal, sino que también afecta a otra de las instituciones de mayor injerencia en el país, la Fiscalía General de la Nación.
En 2019, el político se percató de que su nombre aparecía entre las personas interceptadas por la plataforma ‘Esperanza’ de la Fiscalía, razón por la cual realizó un derecho de petición para que la entidad le pudiera aclarar el porqué de su nombre en tal lista, lo cual logró en las últimas horas certificar que efectivamente aquel procedimiento fue realizado de manera ilegal.
Según advierte el ente acusador, luego de la denuncia interpuesta por Leyva, a causa de sus sospechas de interceptaciones en su contra, la Fiscalía determinó ese mismo año que en efecto las interceptaciones contra el entonces jefe negociador eran ciertas; no obstante, el detalle revelado hasta ahora fue que las ‘chuzadas’ realizadas por miembros de la Policía fueron posibles debido al uso de equipos especializados para ese tipo de operaciones que la propia Fiscalía autorizó en su momento.
La Fiscalía explica que las razones entregadas por un miembro de la Dijín para realizar la interceptación estaban fundamentadas en una supuesta relación entre Leyva y una red de narcotráfico, sospecha que en realidad era falsa desde un principio, pero que sirvió para justificar el uso de una de las salas especializadas de la Fiscalía para realizar procedimientos de esa clase, lo cual, a grandes rasgos, se trató de un operativo ilegal.
“Esto es una actividad judicial que un policía le solicita a un fiscal con los motivos fundados en una fuente humana, información con la que solicitó la intervención del celular de Leyva (…) La base probatoria fue una fuente humana que es falsa, por lo tanto, los motivos para interceptar no eran acordes al procedimiento penal. Eso obviamente es un fraude”, comentó la vicefiscal Marta Mancera, creando fuertes cuestionamientos contra la institución pública.
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