Los desatinados comentarios realizados por el Gobierno Nacional tras el anuncio de la extensión de la cuarentena empiezan a tener efecto entre la ciudadanía; uno de esos ejemplos es el abogado litigante, Tomás Javier Oñate, quien interpuso una acción de tutela contra la Presidencia de la República y varios ministerios argumentando que se le vulneraron sus derechos al trabajo y al mínimo vital.
Todo parte de la decisión tomada por el Ejecutivo de suspender los servicios judiciales en el país hasta nueva orden, hecho que, según Oñate, lo ha afectado a él y a su familia económicamente a puntos insostenibles, en aspectos como la escolaridad, y sostenimiento, comentando no haber recibido un mercado transitorio como se han venido anunciando o algún tipo de subsidio.
Tales razones han motivado al abogado a pedir que se le contrate de manera transitoria durante la crisis junto con su esposa que también es abogada, ya sea en una entidad pública de la Rama Judicial o en una entidad privada durante los próximos meses en los que la crisis económica se haga más aguda, o bien que se le ingrese al grupo de beneficiarios de ayudas económicas entregadas por el Estado.
Todo el cúmulo de argumentos mencionados por Oñate hacen parte de la acción presentada, sin embargo, la Presidencia de la República respondió al abogado asegurando que sus peticiones harían improcedente la tutela, puesto que este no habría demostrado de manera efectiva las razones por las se encuentra en una condición de vulnerabilidad más alta a la de otros colombianos.
“Se sugiere una irregularidad frente a la condición expuesta por el accionante y su familia, pues la entidad señala que no comprende que una familia pase a ser pobre en tan sólo 20 días, pasando a ser un grupo de personas vulnerables o con pobreza extrema”, dice uno de los apartes de la tutela, que resultó favorable para el abogado.
